Financiamiento DIP ‘a la chilena’ , el mecanismo que toma vuelo en los procesos de reorganización judicial

En Chile, poco a poco la Ley de Insolvencia se está acercando al Chapter 11 en EEUU, particularmente en la famosa figura del DIP (Debtor-in-Possession, por sus siglas en inglés).

Esto lo vemos en el caso de compromiso de financiamiento de Moneda a WOM -si es que el proceso de reorganización judicial se resuelve en sede local, como pretenden algunos de sus acreedores- y en otras reorganizaciones recientes, como la de la frutícola Chisa y Andacor (actualmente en curso). Si bien este mecanismo de financiamiento no es estrictamente el mismo, ni se denomina de la misma forma, se asemejan en algunos aspectos.

Su historia es reciente, luego de que en agosto de 2023 se modificara el artículo 74 de la Ley 20.720, que regula la obtención de financiamiento por parte de las empresas deudoras durante el período de protección financiera concursal, dentro de una reorganización.

“Un aspecto que se puede perfeccionar es la introducción de una regulación más acabada en términos que se delimiten, al igual que el DIP, normas básicas para la estructura del financiamiento”, dijo Nelson Contador.

Según la norma, este préstamo permite a las deudoras obtener nuevo financiamiento de hasta un 20% de sus pasivos, o incluso hasta un 30% del pasivo de ser autorizado. Otra de sus características es que en el caso de que se rechazara el acuerdo de reorganización en la junta de acreedores y se declarara la liquidación de la empresa, goza de preferencia por sobre créditos valistas y otras deudas como las de origen laboral o impuestos.

Según explicó el experto en reorganización, Nelson Contador, la figura tampoco establece limitación en cuanto al sujeto que concurre al financiamiento. “Incluso una empresa o persona relacionada podría otorgar este préstamo a la empresa deudora, requiriendo en este caso autorización del 30% de los acreedores con derecho a voto. A su vez, no supone per se un cambio de participación en la empresa. Es decir, las partes tienen libertad para establecer los términos y condiciones del financiamiento”, precisó.

Casos de éxito en Chile

Contador explica que desde la entrada en vigor de la nueva formulación del DIP nacional, “importantes inversionistas -distintos de las instituciones bancarias tradicionales- han demostrado su interés en concurrir a esta clase de financiamientos para participar de un “negocio atractivo” que, hace menos de un año, no era una alternativa conveniente para apoyar empresas deudoras en vías de reorganización.

Según el abogado, este mecanismo ya ha sido utilizado en algunos procesos de reorganización judicial como el de Andacor S.A., en el cual Asesorías e Inversiones Barolo Limitada, sociedad vinculada a Piero Solari Donaggio, financió a la empresa con US$ 2,6 millones, y el caso de Chisa S.A., donde el préstamo fue de US$ 5,5 millones.  Además, hoy destaca el compromiso de financiamiento de Moneda a WOM por US$ 87,3 millones, si el proceso se lleva a cabo en Chile.

Fórmula insuficiente

No obstante el reconocimiento de un avance en la ley, los expertos en insolvencia aseguran que aún falta camino para que se desarrolle.

En ese sentido, Contador señaló que “un aspecto que se puede perfeccionar es la introducción de una regulación más acabada en términos que se delimiten, al igual que el DIP consagrado en el Chapter 11, normas básicas que entreguen lineamientos suficientes para la estructura de estos financiamientos, marcando límites claros a su aplicabilidad y extensión”.

En esto coincide el abogado Luis Felipe Castañeda -socio principal de Castañeda abogados-, quien considera que “hoy día solo la preferencia legal es insuficiente”, argumentando que falta regulación y mucho incentivo para que efectivamente sea un mecanismo atractivo para los distintos actores financieros. Explicó que hoy la idea de generar un préstamo preferencial y de salvataje existe, pero que aún es muy básico en comparación al Chapter 11 y destacó que “a este financiamiento es necesario darle un respaldo legal sobre lo que se puede o no hacer”.

Por su parte, la abogada y gerente legal de Reset Chile, Nicole Tapia, argumentó que aún no es una figura de confianza para los distintos financistas. “Yo creo que con una reforma más, podríamos llegar a que los bancos tengan tranquilidad y no fuese tan riesgoso para ellos, lo que los incentivaría a este tipo de financiamiento”, indicó.

Cabe destacar que el DIP en Estados Unidos ha sido un mecanismo legal muy usado, al cual las empresas deudoras chilena miran con buenos ojos dado que les permite solventar el funcionamiento durante el proceso de reorganización.

En esa línea, Castañeda argumentó que si se modificara nuevamente la legislación chilena, probablemente permitiría que algunas compañías pudieran aceptar acogerse a reorganización en el país.

Asimismo, Contador añadió que una mayor regulación del DIP nacional fortalecería nuestro sistema concursal, lo que permitirá -a su juicio- tener procedimientos concursales sólidos, eliminar el estigma de la insolvencia y que los actores del mercado se animen a participar de financiamientos para darle viabilidad a las deudoras.